Responsabilidad del Estado en reproducción asistida por Raymundo Canales de la Fuente

La reproducción asistida, además de ser un derecho humano contemplado en muchas leyes y tratados internacionales, está constituida por muchas técnicas derivadas de la ciencia y la medicina que implican diversos grados de sofisticación. Desde el punto de vista clínico parecen simplificarse, en el sentido de que existen cada vez mejores prácticas para obtener los resultados óptimos, es decir, los esquemas farmacológicos que se deben emplear en una mujer que va a ser sometida al procedimiento, están ahora estandarizados. Lo que parece hacer la diferencia entre una y otra clínica son los procedimientos de laboratorio, la experiencia de los biólogos que manejan los gametos y embriones, y los materiales que se utilizan regularmente. Por supuesto, el panorama está muy matizado entonces por los precios de todos los insumos, por supuesto elevados, y que impactan directamente a quien vaya a financiar el procedimiento. En suma, tenemos un derecho humano explícito que provoca que el Estado deba vigilar y actuar para que las personas que lo deseen o necesiten cuenten con el acceso a las técnicas y por otro lado, los elevados costes de las mismas. Por razones históricas muchos de los países con alto grado de desarrollo asumieron la obligación articulando clínicas estatales para brindar el servicio a la población, pero ante los costos, se han visto limitadas en su oferta. No existe presupuesto sanitario en el mundo capaz de brindarle a todas y a todos los que quieran los procedimientos; de aquí entonces, nos podemos preguntar hasta dónde debe llegar esta responsabilidad. El análisis de los extremos quizá nos brinde alguna luz al respecto; por un lado, hay quienes apasionadamente defienden la postura de dejar en manos privadas exclusivamente la tecnología, lo que dejaría a muchas personas sin la más remota posibilidad de acceder y, en el otro extremo, hay quien defiende que se deben procurar tantos recursos estatales como sea posible, lo que quizá pueda descobijar programas sanitarios prioritarios. En nuestra querida región latinoamericana quizá debamos pensar en esquemas mixtos, es decir que el Estado conserve o articule algunas clínicas propias (pocas), con objetivos muy concretos como brindarle la oportunidad a personas de menos recursos, tener a la mano la técnica para evaluarla y monitorearla de forma directa, fijar los parámetros de evaluación de las clínicas privadas —porque la responsabilidad que, por supuesto debe seguir en manos de los gobiernos, es la de vigilar— y tener los elementos suficientes para participar en las discusiones éticas subyacentes, además de actuar directamente en la formación de los recursos humanos profesionales (médicos, biólogos, enfermeras, etcétera), indispensables para propiciar un adecuado desarrollo del tema en la sociedad. Quizás además estas pocas clínicas estatales podrían hacerse de recursos proponiendo protocolos de investigación de frontera y también de recursos donados por la industria farmacéutica, que por cierto obtiene enormes beneficios de la venta de medicamentos destinados a estos tratamientos.